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La organización sin ánimo de lucro «None of your business» (NOYB) ha presentado reclamaciones ante las autoridades de protección de datos de España y Alemania contra Apple por su sistema de seguimiento de anuncios.

En la reclamación, la asociación solicita que la compañía estadounidense prohíba su identificador de publicidad, conocido como IDFA, ya que afirma que Apple y terceros pueden acceder a este servicio para rastrear el comportamiento de los usuarios sin su consentimiento.

«iOS genera automáticamente un ‘IDFA’ único para cada iPhone. Al igual que una placa de matrícula, esta cadena única de números y caracteres permite a Apple y otros terceros identificar a los usuarios en las aplicaciones e incluso conectarse con el comportamiento ‘online’ y móvil’», señala la organización en un comunicado.

Además de rastrear el comportamiento de los usuarios, NOYB afirma que Apple y otros terceros pueden elaborar preferencias de consumo y ofrecer publicidad personalizada, un seguimiento que la organización asegura que está regulado por la «Ley de cookies» de la Unión Europea y que «requiere el consentimiento informado e inequívoco de los usuarios».

«La ley de la UE protege nuestros dispositivos del rastreo externo. El rastreo solo está permitido si los usuarios dan su consentimiento explícito. (…) Si bien Apple introdujo funciones en su navegador para bloquear las cookies, coloca códigos similares en su teléfono sin el consentimiento del usuario. Esta es una clara violación de las leyes de privacidad de la UE», ha señalado el abogado de privacidad en NOYB, Stefano Rossetti.

Por esta razón, la organización ha presentado sendas reclamaciones ante la Autoridad de Protección de Datos de Berlín y la Autoridad Española de Protección de Datos. NOYB ha presentado anteriormente reclamaciones contra Facebook y Google. En junio de 2019 presentó una reclamación en la que acusaban al buscador de no tener una base legal válida para procesar los datos personales de los usuarios de sus servicios, en particular de la personalización de la publicidad.

Esta reclamación llevó a Francia a imponer una sanción de 50 millones de euros a Google en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) por su falta de transparencia, la información insatisfactoria proporcionada y la falta de consentimiento válido para la personalización de publicidad.

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