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Santo Domingo

Dr. Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Roberto B. Saladín Selin, Miembro Titular

Dra. Carmen Imbert Brugal, Miembro Titular

Dra. Rosario Graciano de los Santos, Miembro Titular

Dr. Henry Orlando Mejía Oviedo, Miembro Titular

Vía:  Dr. Ramón Hilario Espiñeira, Secretario General

Asunto:

Remisión de nuestra posición sobre las nuevas fechas propuestas por la JCE para las elecciones presidenciales y congresuales del año 2020, tomando en consideración que la situación que ha generado la pandemia del covid-19 torna insensata la decisión de realizar el proceso electoral antes del 16 de agosto de 2020. Resulta obvio que en estos momentos promover eventos sociales que implican la aglomeración masiva de personas constituye un grave peligro para la salud y la vida de todos los ciudadanos de la República Dominicana. En consecuencia, sería una irresponsabilidad imperdonable asignar una fecha para las elecciones antes de estar seguros de que la pandemia corvid-19 fue controlada.

Honorables miembros del pleno de la JCE:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte.

Dando respuesta a la comunicación que recibimos de parte de ustedes, en fecha 4 de abril de 2020, en la que se les solicita formalmente a los partidos políticos reconocidos expresar por escrito sus opiniones sobre la posibilidad de que las próximas elecciones presidenciales y congresuales, incluyendo la eventualidad de una segunda vuelta, sean pospuestas para fechas posteriores a lo establecido, en el lapso comprendido entre el 17 de mayo y el 28 de junio de 2020, antes de que concluya el actual periodo constitucional que vence el 16 de agosto del 2020, expresamos nuestro desacuerdo con dicha propuesta, debido a que la situación que ha generado la pandemia del covid-19 torna insensata la decisión de realizar el proceso electoral antes del 16 de agosto. Resulta obvio que promover eventos sociales que implican la aglomeración masiva de personas constituye un grave peligro para la salud y la vida de todos los ciudadanos.

Debemos tomar en cuenta las experiencias de otros países que tienen un sistema de salud mucho más desarrollado que el nuestro (Italia y España), los cuales no han logrado rebasar el ciclo de contagio, a pesar de que tienen más de tres meses enfrentando la pandemia, que ha desbordado sus capacidades de respuesta. En el intento de frenar su crecimiento descontrolado, han tenido que paralizar la gran mayoría de sus actividades sociales y productivas.

Si analizamos el índice de infectados en nuestro país desde la llegada de este virus está claro que todavía no hemos alcanzado el clímax del contagio. Por consiguiente, intentar celebrar las elecciones antes del 16 de agosto de 2020, promoviendo la aglomeración masiva de personas en todo el territorio nacional, sin duda alguna daría al traste —de manera acelerada— con todo el esfuerzo que hasta ahora han significado la cuarentena y el toque de queda.

Lo cierto es que no hay certeza sobre cuál será el momento en el que se alcance el pico de la infección y, más importante aún, cuándo éste comenzará a descender. En consecuencia, sería una irresponsabilidad imperdonable proponer una fecha para las elecciones antes de estar seguros de que la pandemia fue controlada.

Cabe mencionar que en que en el padrón electoral se encuentran inscritos 750 mil electores que sobrepasan la edad de 50 años, muchos de ellos con enfermedades que los colocan dentro de los grupos vulnerables o de alto riesgo. Exponerlos a un contagio por inducirlos a participar en un proceso electoral en una fecha en la que probablemente estemos en el pico o en la meseta de la infección es un genocidio.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en su nota diplomática número 20-534, de fecha 26 de marzo de este año, que se refiere al tema de la celebración de elecciones de gobiernos extranjeros en territorio norteamericano y al voto de nacionales ausentes en colegios electorales ubicados en territorio norteamericano, expresa lo siguiente:

“El Departamento de Estado recomienda encarecidamente que la Embajada considere establecer procedimientos por los cuales sus ciudadanos que residen en los Estados Unidos puedan votar por correo u otro método que no requiera presencia física en un lugar de votación, para garantizar la máxima participación en el proceso electoral”.

El documento también explica que debido a que muchos de los lugares de votación designados son de propiedad privada, o están controlados por ese sector social, se encuentran sujetos a reglas particulares adoptadas por sus dueños o administradores, sobre la base del derecho legítimo que les asiste, con el objetivo de controlar la emergencia de salud pública que representa la pandemia de covid-19. En consecuencia, el uso de esos espacios como colegios electorales—lo que implica la presencia masiva de personas—ya es incompatible con esas nuevas reglas.

Lo anterior significa que les estaríamos negando el derecho al voto a unos 600 mil dominicanos, que por razones de seguridad pública en los países donde éstos viven, les sería vedado el acceso a los centros de votación y, por lo tanto, se verían privados de ejercer un derecho fundamental, como es el de elegir a sus autoridades. Sin embargo, esta restricción no se ha puesto en vigencia con el propósito de escamotear el derecho al voto, sino como medida preventiva ineludible ante la realidad que amenaza a la raza humana.

Por todo lo dicho, es vital que la fecha de las elecciones sea pautada teniendo en cuenta la protección de la salud colectiva, lo que de manera adicional propiciará una reducción de las abstenciones. De esta manera, se logrará un proceso electoral verdaderamente participativo y representativo de la voluntad popular, que es la mejor vía para fortalecer nuestra democracia.

No debemos olvidar que luego de que la crisis de salud provocada por covid 19 sea superada nos enfrentaremos, de manera ineludible, a una crisis económica de grandes proporciones, debido a la reducción prolongada de todas las actividades productivas como consecuencia directa de la pandemia.

Esta crisis económica, sin temor a equivocarnos, va a exigir de nuestra sociedad lo mejor de cada uno de sus integrantes, por lo que sería una ofensa con ribetes de burla pretender invertir altísimos recursos económicos [RD$15,000,000,000.00] en un proceso electoral irrefutablemente inoportuno. Esos fondos deberían ser destinados en estos momentos a combatir la pandemia corvid-19 y a rehabilitar el aparato productivo de nuestra nación, totalmente debilitado, como lo indica la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo e incluso la quiebra de muchos negocios.

Nuestra posición es que las elecciones deben ser postergadas hasta tanto el panorama de salud lo permita, dejando de lado el individualismo y los intereses particulares que tanto afectan a la clase política tradicional. Entendemos que el momento exige la toma decisiones responsables, trascendentales y humanas. Lamentablemente, estas decisiones afectarán intereses particulares, pero esa contingencia no debe impedir que la JCE asuma las medidas responsables y necesarias para proteger a la ciudadanía.

En cuanto a las consecuencias que se deriven de una posposición de la fecha de las elecciones más allá del 16 de agosto, las mismas deben ser asumidas por el liderazgo dominicano, poniéndonos de acuerdo para apoyar las decisiones necesarias con el objetivo de lograr la recuperación económica y social, priorizando la salud, el trabajo y la estabilidad social.

Es momento de que ante Dios y ante nuestra Patria adoptemos las decisiones que garantizarán la estabilidad de nuestro país en los próximos años.

Nos despedimos con sentimientos de alta consideración y estima,

 

Atentamente,

 

Porfirio De Jesús López Nieto

Candidato Presidencial del

Partido Verde Dominicano [Verde]

 

José Antolín Polanco

Presidente

Partido Verde Dominicano [Verde].

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