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Por: Antoliano Peralta Romero

Hubo una época en República Dominicana en la cual el calificativo constitucionalista implicaba llevar el pecho lleno de gloria por haber expuesto la vida en defensa de la restitución del orden constitucional, trastocado por unos malos dominicanos.

En el tiempo actual, un constitucionalista es, fundamentalmente, un especialista o estudioso del Derecho Constitucional. En nuestro medio los hay de alta calificación académica y de merecido respeto profesional y personal. Sin embargo, no siempre tienen la razón en sus conclusiones sobre temas de alto contenido político porque como todos los ciudadanos, los constitucionalistas también tienen sus sensibilidades políticas.

Frente a la crisis sanitaria que sufrimos, un grupo de estos especialistas aboga por una particular interpretación del artículo 275 de la Constitución para que continúen las actuales autoridades electivas más allá del 16 de agosto, no obstante, la contundencia del texto del 274 que radicalmente dispone que sus funciones expiran el 16 de agosto de cada cuatro años.

Lo real es que nuestra Constitución no prevé la posibilidad de que, al término del período constitucional, no se hayan elegido las nuevas autoridades que habrían de asumir la dirección del

Estado. No elegir un presidente, vicepresidente y legisladores implica un vacío institucional difícil de suplir que podría llevarnos a una crisis política que dificulte enfrentar el complejo futuro inmediato de la Nación. Lo oportuno es pensar en las medidas sanitarias convenientes para que los dominicanos podamos ejercer el voto dentro del menor riesgo posible.

El presente es un momento para que saquemos al ruedo un término desfasado y pasado de moda: el patriotismo. Se trata, el que se nos presenta, de un particular asunto político, más que jurídico, que debe ser enfrentado con la sensatez y madurez que se le supone al liderazgo político. Lo conveniente es crear las condiciones para elegir un nuevo gobierno, que es lo que manda la Constitución. En última instancia, que la solución devenga del consenso político en lugar de imponerse ciertas elucubraciones legalistas.

 

 

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