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Santo Domingo. –  El exsubdirector general de Gestión Institucional del Instituto Na­cional de Atención a la Primera Infancia (INAI­PI), Juan López, aseguró que Berlinesa Franco recibía presión de funcionarios del Palacio Nacional y afirma fueron “Chivo expiatorio”.

Reconoció que hubo errores de procedimientos, pero que jamás hubo asignación de compras a empresas y tampoco se adjudicó a nadie.

Dijo que el viernes o sábado, dará a conocer un escrito. Lamentó la decisión del Poder Ejecutivo por colocarlo ante la sociedad dominicana como corruptos. Sus declaraciones fueron ofrecidas al llamar al programa radial “El Sol de la Mañana”.

Ayer, el Poder Ejecutivo destituyó a siete funcionarios del Instituto Na­cional de Atención a la Primera Infancia (INAI­PI), luego de determinarse que se cometieron irregu­laridades durante la com­pra de alimentos en esa dependencia.

Mientras que Berlinesa Franco, directora de la en­tidad, renunció al cargo, al reconocer que se cometie­ron actos de irregularida­des durante la compra de 40.000 kits de alimentos.

Quedaron destituidos de sus funciones Juan Ló­pez, subdirector general de Gestión Institucional; Ra­mona Hernández, directora Administrativa y Financie­ra; Alberto José Patxot, di­rector de Planificación y De­sarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del De­partamento Jurídico, y Cle­mentina Pieter, responsable de acceso a la información pública de esa entidad.

También fueron destitui­dos Ricardo José Guzmán Domínguez y Mayra Martí­nez de la Rosa, director de Operaciones, y encargada del Departamento de Com­pras, respectivamente.

En el lugar de Franco fue designada como directora Kenia Lora Abreu. Mientras que, en el mismo decreto, el 146-20, Greybby María Cuello Coste de Torres, fue designada directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, (Conani), posición que ocu­paba Lora.

El anuncio fue hecho anoche por el consultor Ju­rídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien dijo que tomaron la deci­sión luego de realizar una investigación donde se de­terminó que se cometieron irregularidades durante la licitación para la compra de los 40,000 kits de alimenta­ción.

Caso va a Procuraduría

Espinal dijo que para ta­les fines se designó una co­misión, la cual recomendó la cancelación de los fun­cionarios de la referida ins­titución, luego que deter­minaran que se cometieron violaciones a la ley de com­pra y contrataciones públi­cas.

Explicó que el Estado se ve imposibilitado de hacer el pago a estas instituciones por la situación presentada, tras indicar que el caso será puesto a disposición de la Procuraduría para los fines correspondientes.

Pablo Cabrera, presiden­te de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, así como los ejecutivos de otras empresas, habían denun­ciado que participaron en una licitación de emergen­cia que realizó el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi), que dirigía Berlinesa Fran­co, viuda de Juan de los Santos, la cual tuvo serias irregularidades.

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