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Santo Domingo. – El gobierno del presidente Danilo Medina le pagó mediante contratos millonarios al jurista Eduardo Jorge Prats, trabajos de parlante constitucionalista, por los que cobra RD$37 millones de pesos como asesor legal en Banreservas, de los cuales deberá recibir US$750 dólares anuales, o divididos en varias cuotas de RD$3.1 millones mensuales.

El contrato se otorgó por segundo año consecutivo y establece que la asesoría que el abogado y dirigente político debe prestar a Banreservas trata sobre “gobierno corporativo o buen gobierno, que tiene por objeto lograr mejores prácticas bancarias”.

Sin embargo, en fuentes técnicas del banco trascendió que esa materia la suplen a las entidades financieras públicas y privadas las normas de Basilea y las resoluciones y normativas de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria.

Banreservas ha pedido que Jorge Prats precise la labor que rinde y presente los planes y documentos técnicos que avalan los pagos recibidos durante más de un año, tiempo en el que ha cobrado alrededor US$1.3 millones, monto que en pesos dominicanos excede los RD$60 millones.

La información sobre el referido contrato con Jorge Prats trasciende en momentos en que el gobierno del presidente Danilo Medina recibe críticas por la revelación de otros contratos estatales millonarios con el publicista brasileño Joao Santana, asesor de su campaña política.

A pesar de varios cuestionamientos, el Consejo Directivo de Banreservas no ha investigado las quejas internas sobre el referido contrato de asesoría.

El Consejo está compuesto por Donald Guerrero, ministro de Hacienda, quien lo preside, Mícalo Bermúdez, vicepresidente, Simón Lizardo, Administrador, Edita Castillo, secretaria, y por los vocales Luis Manuel Bonetti, Oscar Medina, Luisín Mejía, Kenia Lora, Enrique Radhamés Segura, Juan Hernández. Asimismo, los suplentes de vocales, Manuel Singer, Héctor Herrera y Ramón de la Rocha.

Dentro de los cuestionamientos que se han formulado al contrato está el hecho de que viola principio de razonabilidad del artículo 3 de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas que obliga a las entidades autónomas financieras a contratar sólo lo que sea necesario para lograr objetivos de transparencia y protección del interés general.

Igualmente, desconoce el artículo 43 y siguientes de la misma ley que prescribe cuáles son las normas especiales y los costos en que las entidades públicas deben referenciarse para contratar servicios de consultoría y asesorías.

De acuerdo a especialistas financieros, los honorarios de un contrato de asesoría como el que Banreservas otorgó a Jorge Prats oscilan en el mercado dominicano entre RD$175 mil y RD$200 mil mensuales. Sin embargo, el banco paga al abogado y dirigente perredeísta un equivalente a RD$3.1 millones mensuales.

Jorge Prats, además de profesor universitario, ha sido un ferviente defensor de posiciones políticas vinculadas al presidente Danilo Medina, como la reforma constitucional para la reelección presidencial en año 2015 y las primarias abiertas en los partidos políticos.

Sobre este último tema, el abogado se ha contradicho al variar la tesis sostenida en su libro de Derecho Constitucional de que las primarias abiertas son inconstitucionales. Ahora, Jorge Prats defiende la constitucionalidad de ese modelo de democracia interna en los partidos políticos, pese a la oposición de importantes sectores del país.

Incluso la defensa del profesional a las primarias abiertas resulta contradictoria, puesto que fue ese método de elección el que permitió que Hipólito Mejía arrebatara en el 2004 la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a Miguel Vargas Maldonado, quien además de aliado del presidente Medina, es jefe político de Jorge Prats.

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