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Por: FEDERICO A. JOVINE RIJO

Como toda obra de teatro, la tragedia se ciñe a un guion que conduce a los personajes hacia su fatal destino. En el caso de la tragedia haitiana, todo vestigio del Estado organizado desapareció, y el clima de incertidumbre y violencia cotidiana se auto alimenta en una espiral de terror sin fin. Mientras eso ocurre, la comunidad internacional continúa la farsa; dando categoría de sujeto de derecho internacional público a una pantomima carente de todos los elementos constitutivos de un Estado.

Es risible que la autoridad (Consejo de Transición) que suplantará a quien carecía de autoridad (Henry), sea designada por una comunidad internacional que no tiene autoridad, y que cuando no ha sido cómplice de la tragedia, ha sido responsable. ¿Acaso puede la ilegitimidad producir legitimidad?

En el paroxismo, desde su sede en Ginebra, el ACNUR publicó ayer una “guía sobre protección internacional para las personas refugiadas de Haití”, en la cual su directora, sobre la base de las obligaciones asumidas por los Estados signatarios de convenciones que rigen la materia, reiteró su llamamiento “a todos los Estados para que no devuelvan por la fuerza a las personas a Haití, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo se haya denegado”.

El deterioro de la situación haitiana aumenta en proporción geométrica. La comunidad internacional no sabe qué hacer, ni tiene ganas de hacer nada. Las últimas décadas han sido testigo del fracaso de todas las iniciativas tendentes a fortalecer el Estado haitiano y lo único cierto es que, mientras los demás países de la región deberán lidiar con menores volúmenes de potenciales refugiados, en el caso de dominicana, nuestra inmediata cercanía nos convierte en destino primario de cualquier oleada migratoria.

Lo que para muchos países pudiera ser una limitada posibilidad, para nosotros es una inmensa realidad cotidiana. Hace años que enfrentamos los desafíos que plantea un proceso migratorio descontrolado y en ascenso; derrochamos cantidades enormes de dinero; y desviamos recursos que podrían ayudar a elevar la calidad de vida de los dominicanos.

Más allá de teorías de conspiración o supuestos planes fusionistas, los hechos demuestran que estamos llamados a enfrentar el reto más grande de los últimos 100 años. La calidad de refugiado constituye una excepción en la arquitectura de la protección de derechos fundamentales, pero, ¿cómo llamamos a todo un colectivo que huye de su territorio hacia otro?, ¿puede la República Dominicana soportar esa presión financiera, demográfica, política?, ¿acaso no hemos sido el país más solidario con Haití?, ¿acaso somos responsable de uno solo de todos sus problemas? Todo lo contrario.

Bajo ninguna circunstancia el gobierno dominicano puede condicionar la ejecución de su ley migratoria, ni su política de deportaciones, ni mucho menos aceptar ser destino “transitorio” (o de acogida) de nacionales haitianos en calidad de refugiados, pues lo que sería excepcional para otros, se convertiría en algo ordinario para nosotros en función del “efecto llamada”. Aceptarlo, sería el principio del fin de la nación dominicana.

La tragedia haitiana se encamina hacia su desenlace y nadie aplaudirá cuando termine.

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