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Por: Álvaro Caamaño

Desde la declaratoria de Estado de Emergencia y la posterior resolución del Consejo del Poder Judicial suspendiendo las actuaciones de los Alguaciles; se ha desvelado una profunda crisis que afecta especialmente a los Alguaciles Ordinarios, quienes de un lado enfrentan la espada del coronavirus y del otro lado la indiferencia del Poder Judicial.

Los Alguaciles Ordinarios son funcionarios públicos nombrados por el Consejo del Poder Judicial para realizar las mismas labores de los Alguaciles de Estrado, pero sin percibir un salario, ni seguro médico, ni ningún beneficio de lo que establece la constitución, el código laboral dominicano o la ley de función pública.

Están presente en todos los tribunales, desde la Suprema Corte de Justicia hasta el más distante juzgado de paz; prestan sus servicios a cambio de emolumentos o el pago directo que los usuarios hacen por las notificaciones extrajudiciales.

Como penalidad, están obligados a realizar las notificaciones de oficios o notificaciones a cargo del Estado, con sus propios recursos económicos, con la promesa de recibir una compensación de 70 pesos por cada una, las cuales se reportan mediante un procedimiento negligente y duran meses para poder cobrarlas.

Esta funesta realidad ha estado vigente durante décadas por el simple dilema de quien le pone el cascabel al gato o mejor dicho ¿Dónde pueden los alguaciles quejarse, cuando es el mismo Poder judicial quien tradicionalmente les viola sus derechos fundamentales?

Diversas asociaciones de Alguaciles han solicitado al Consejo del Poder Judicial que diseñe un mecanismo efectivo para acceder a la ayuda ofrecida por el Poder Ejecutivo o crear un sistema propio que proteja a los Alguaciles Ordinarios sin recibir ningún tipo de respuesta, en completa indiferencia.

Como Rector de la Academia Nacional de Alguaciles, me siento esperanzado en la sensibilidad humana del Magistrado Presidente Luis Henry Molina, para poner fin a esta histórica injusticia y revestir de institucionalidad al Alguacil.

 

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