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Santo Domingo.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte expresó que el ex titular de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy tiene que explicar por qué entregó un pago extra de extra de US$11 millones a Odebrecht durante su gestión como administrador de la entidad que culminó en agosto del año pasado.

“El señor Jaime Aristy Escuder ha elaborado y difundido una simple, fácil, pero falsa historia sobre lo que ha sucedido y sucede actualmente en la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Pero le ha faltado explicar ciertos hechos escandalosos, desconocidos por el gran público, cometidos durante su gestión en perjuicio del país y a favor de Odebrecht”, expresó Almonte.

Almonte recordó que cuando la central era operada por el consorcio en coordinación con entonces administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, la Unidad 1 experimentó graves fallas en la caldera y también en el sistema AQCS. Más aún, en marzo del 2020 y también en abril del mismo año, la caldera de la Unidad 2 sufrió una importante falla que obligó a retirar de servicio a la planta durante más de un mes.

“Esos hechos indican que es un simplismo culpar a los funcionarios actuales de Punta Catalina del desastroso desempeño de la central”, manifestó el empresario.

El ministro criticó que durante la dirección de Jaime Aristy le fuera entregada a cada planta la carta de aceptación provisional que la declaraba como buena y válida, a pesar de que habían revelado notables fallas estructurales. Esas aceptaciones provisionales colocaron a la CDEEE contra la pared y casi sin derecho para reclamaciones eventuales de gran escala.

Almonte refirió que junto al ingeniero Serafín Canario, administrador de la Planta, ha cuestionado que la capacidad real de las calderas sea de 376 MW bruto como afirma y repite Jaime Aristy.

Luego de explicar los aspectos técnicos de la capacidad de la caldera,  Almonte expresa que es necesario precisar la capacidad real de las calderas porque “si se utiliza un régimen de flujo de vapor, presión, (etcé­tera), equivocado, enton­ces la caldera podría sufrir daños catastróficos”.

“En el caso de Punta Ca­talina, el contrato se firmó para capacidad máxima de 360 MW bruta y 337.7 MW neta. Esa capacidad fue luego ratificada por la propia fabricante Babcock and Wilcox en carta de fecha 27 de enero último, aunque de modo sorprendente, la misma empresa en otra carta de fecha 12 de febrero intentó desmentirse a sí misma apoyándose en datos de la firma McHale Associates, que no es fabricante de calderas”, reveló.

Indicó que las pasadas autoridades, representadas por Rubén Bichara y Jaime Aristy, firmaron un anexo al contrato con Odebrecht y que “la verdadera razón” fue que “dicho anexo establece que por cada megavatio superior al valor neto garantizado en el contrato, la CDEEE deberá pagar un millón de dólares adicional como compensación a Odebrecht”. “Es decir, si como defiende Jaime la caldera tiene 376 MW bruto y 347MW netos, entonces la CDEEE debía pagarle más de diez millones de dólares extras a Odebrecht”, enfatizó.

Dijo que “lamentablemente para la CDEEE, el 10 de enero del 2020 según lo estipulado en un Acta Acuerdo de antología, Jaime Aristy y Rubén Bichara acordaron pagar a Odebrecht unos 11 millones de dólares adicionales, amparándose en el citado Anexo T”.

Refiere que el señor Aristy Escuder ha dicho que el propósito estratégico del “señor Almonte es desacreditar” la central Punta Catalina para luego venderla a precio de vaca muerta.

Con la expresión: “¡Hay que estar vivo para ver y escuchar cosas!”, Almonte recuerda que fue uno de los primeros voceros públicos que enfrentó durante el año 2019 la intención del gobierno de Danilo Medina de vender Punta Catalina.

“Esa venta era promovida, entre otros, por el propio Jaime Aristy, e incluía ceder la mitad de la central por tan solo 308.5 millones de dólares a una firma privada para que, con la garantía de la misma central, el ente privado gestionará un préstamo en la banca internacional por 1,750 millones de dólares y luego firmara un contrato de venta de energía por 30 años con garantía del Estado dominicano, a través de las empresas distribuidoras. Esa venta era peor que ven­der una vaca muerta”, dijo.

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