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EE.UU. – El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, tan pronto asuma la presidencia en enero, podría a través de la ley Magnitsky Global Act imponer sanciones económicas contra el expresidente Danilo Medina, sus hermanos y a los prestanombres que estos supuestamente habrían utilizado en la «red criminal» que operaron durante el pasado gobierno, acorde a la denuncia formal presentada por el Ministerio Público.

Dicha ley permite al líder del gran imperio del norte imponer por vía administrativa sanciones restrictivas a funcionarios corruptos, no importa quiénes sean ni de dónde sean, por eso esta norma es hoy el principal fantasma de los políticos y empresarios latinoamericanos que pagaron sobornos, lavaron dinero en sus países y se han llevado el dinero sucio al exterior.

Bajo esta norma, la Casa Blanca puede prohibir visas y congelar los activos en territorio norteamericano de cualquier extranjero. En la práctica, explica la red de defensa de la libertad de expresión Ifex, aquellas personas cuyos nombres aparecen en la denominada lista Magnistsky, tienen vedado el ingreso a territorio estadounidense, y cualquier propiedad que posean en los EEUU puede ser embargada. «Un duro golpe para aquellos que oprimen o roban a los ciudadanos en sus países de origen y luego usan su estatus o riqueza para viajar libremente», apunta la ONG.

La pesadilla no es solo para funcionarios, sino que la ley también permite que se incluyan empresarios y entidades en la lista. Así, una compañía podría ver bloqueadas todas sus propiedades e intereses dentro de la jurisdicción de los EEUU.

El primer dominicano en ser bautizado con esta poderosa herramienta con la que los Estados Unidos procuran la «muerte económica y bancaria» de funcionarios y entidades corruptas, fue el ex director de la OISOE Félix Bautista, quien actualmente es senador de la república.

A Bautista y a las empresas vinculadas a este se le tiene prohibido realizar cualquier tipo de operación financiera, comercial y bancaria con entidades norteamericanas. Inclusive el senador tiene prohibido entrar a los Estados Unidos. Todo esto por haber supuestamente desviado millones de dólares que le habría pagado el Estado haitiano para la construcción de obras públicas.

Asimismo, sanciones similares podrían recibir los Medina Sánchez si es que el presidente electo Joe Biden lo considera necesario en caso de que el sistema de justicia nacional no cumpla con las expectativas de la gente de que sean sancionados contundentemente todos aquellos ex funcionarios vinculados a actos de corrupción en el pasado gobierno.

De pronto, habrá que esperar el desenlace de esta histórica lucha contra la corrupción que apenas empieza pero que ya tiene sentados en el banquillo de los acusados a más de una docena de ex funcionarios y contratistas que habrían formado parte de una red criminal que logró realizar operaciones superiores a los $5 mil millones de pesos con varias instituciones públicas, en las cuales no se cumplieron con los procedimientos legales establecidos a los fines de garantizar la transparencia y diafanidad en los procesos de contrataciones públicas.

 

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