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Santo Domingo. – Los Líderes políticos, empresarios y juristas de la República Dominicana buscan constantemente borrar su pasado y la mala conducta que han tenido, pagando grandes sumas de dinero a empresas que están conectadas con Google para que estas se encarguen de eliminar su prontuario de todas las redes.

Estas personalidades contratan empresas de tecnología, principalmente de España, con el objetivo de borrar de periódicos digitales, Google y otros buscadores, los temas que los vinculan de manera directa, tratando con esto que la sociedad olvide esos escándalos protagonizados por ellos.

Cabe destacar que las figuras que a continuación mencionaremos, proceden a esta práctica de forzar el “derecho al olvido” en diarios digitales, Google, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y otros navegadores, luego de sus intentos fallidos presionando y sobornando a los dueños y directores de medios para que borren las noticias negativas en las que están involucrados o que afectan sus intereses.

Las empresas especializadas en el borrador de noticias y otras informaciones en Internet, se encargan de enviar correos electrónicos molestosos a los distintos periódicos digitales, para que borren las noticias que afectan la reputación de sus clientes, alegando que de no ser así los medios se verían incurridos en acciones legales, olvidando que los hechos acontecidos al ser publicados no son pasibles de demandas, y de hacerlo no prosperaran.

Entre los casos está el escándalo de violencia intrafamiliar que involucra al empresario y exministro de Turismo, Frank Jorge Elías, donde fue sometido a la justicia y condenado por maltrato físico y psicológico en contra de su esposa en ese entonces, la señora Sandra Kurdas.

Asimismo, otra noticia donde el detective internacional Ángel Martínez reveló que tenía en su poder un expediente que supuestamente vincula con el lavado de dinero al empresario Pepín Corripio.

También estás la denuncia del empresario canadiense con inversiones millonarias en RD, Antonio Carbone, el cual denunció que había sido extorsionado, chantajeado, secuestrado, robado y manipulado, por una asociación de malhechores encabezada por el abogado Julio Cury, el diputado Gory Moya y el empresario Fernando Báez.

De igual forma, la demanda interpuesta por el empresario Josué Cabral en contra del complejo turístico Grupo Punta Cana y su presidente Frank Rainieri, exigiendo el pago de mil 400 millones de pesos por estafa, daños y perjuicios, ocasionada por la empresa debido al incumplimiento de contrato de permuta tras la venta de los terrenos donde opera hoy el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Asimismo, el caso de la empresaria Rosa Altagracia Abel Lora, exesposa del senador del PLD por Montecristi, Heinz Vieluf Cabrera, reveló que los tribunales condenaron a Casa de Campo por estafa y doble venta de su casa ubicada en ese complejo turístico de La Romana, pero que pese a la sentencia seguían presuntamente con acciones ilegales, además denunció que el vicepresidente para asuntos jurídicos de Casa de Campo, Leo Matos García,  fue la persona responsable de vender dos veces una misma propiedad, supuestamente en combinación con su expareja Vieluf Cabrera.

Uno de los casos más sonados, fue el «QUIRINAZO», revelado por el periodista Salvador Holguín donde entrevistó al exnarcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo y este reveló que el expresidente Leonel Fernández Reyna le adeudaba la suma de 200 millones de pesos los cuales le había prestado para toda su campaña política del 2002 al 2004.

De igual forma, el caso del asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, quien luego de revelar en el programa «Lo que otros callan» con el periodista Salvador Holguín el escándalo mayúsculo que había en la OMSA, lo encontraron muerto y atado a dos blocks en el río de Manoguayabo, donde involucró al director de la institución Manuel Rivas, al coronel Faustino Rosario, al empresario Santana Zorrilla y a dos ministros del Gobierno del presidente Danilo Medina, revelado por Argenis Contreras quien era asistente de Rivas.

Por último, el escándalo de la Dirección General de Pasaportes y la Cancillería, el cual involucra a la empresa «MidasRed», que se dedica a vender recargas de tarjeta de llamadas y no suplidora del Estado, ya que supuestamente estafó estas instituciones vendiéndoles un data center y software de gestión consular que, según nuestra fuente, no sirve para nada.

 

 

 

 

 

 

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