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SANTO DOMINGO. – El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, denunció este jueves que las pasadas autoridades de esa instancia gubernamental “violaron la resolución administrativa” que “establece claramente” que se debe “confirmar el aumento temporal del número de familias beneficiadas de los programas de Protección Social hasta un número de 1,500,000 hogares registrados por el Sistema Único de Beneficiarios”.

Esa resolución es la 001-2020 del 26 de mayo del 2020 y fue emitida por el Gabinete de Política Social bajo la firma de su entonces titular, la ahora exvicepresidenta doctora Margarita Cedeño de Fernández.

El coordinador citó varios fragmentos de alocuciones del exmandatario Danilo Medina y la excoordinadora del Gabinete donde afirmaban que los nuevos beneficiarios debían ser validados por el SIUBEN, «contrario a lo que sucedido en la práctica», remarcó.

Peña mostró la resolución del Gabinete en la que la pasada incumbente establecía claramente que las familias que se agregarían a los programas sociales debían ser validadas por el SIUBEN y, además, por la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y Progresando con Solidaridad (PROSOLI), dentro del marco de sus atribuciones legales, “lo cual se violó flagrantemente”, subrayó.

La pasada administración habilitó el portal quedateencasa.gob.do donde las personas podían llenar un formulario en línea para solicitar la ayuda, el cual debía ser validado con la base de datos del SIUBEN, “lo cual hemos verificado que no sucedió, porque como ya hemos dicho, 101 mil 743 personas no existen en los registros del SIUBEN”, explicó Peña.

El actual Coordinador añadió lo que definió como “otra de las violaciones” el decreto 426-07 que en su artículo 5 establece: “El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) es la entidad responsable de conformar, administrar y actualizar el Registro Único de Beneficiarios de los programas sociales, con base al Padrón de Hogares Elegibles”.

Al respecto, Tony Peña no dudó en reiterar que “la administración anterior no respetó la base legal al obviar este mandato presidencial”.

El funcionario reconoció la necesidad de que el Gobierno fuera en ayuda a poblaciones que quedaron en situación de vulnerabilidad en la pandemia, pero insistió en que debieron usarse los mecanismos correspondientes para entregar estas ayudas de protección social.

Peña mostró preocupación ante el hecho de que la mayoría de los 101 mil 743 beneficiarios no identificados por el SIUBEN se incluyeron en Quédate Casa en mayo y junio previo a las elecciones.

“Y después de julio, como sí la pandemia hubiese terminado, las asignaciones cayeron”, reflexionó el coordinador.

Señaló además que “luce extraño” que, de los 101 mil 743 beneficiarios no pobres, 17 mil 823 “nunca han consumido las transferencias económicas”.

Asimismo, que del total de las 718 mil 603 personas que se adicionaron a los que ya tenían el componente de Solidaridad “Comer es Primero”, 44 mil 706 “no han usado las transferencias económicas; es decir, que todo apunta a que ni siquiera saben que tenían ese beneficio”.

A todas luces, remata, esto último “evidencia la forma irregular en que se hicieron estas asignaciones”.

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