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Santo Domingo.- Varios ex funcionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encuentran bajo la mirada del Ministerio Público debido a que s¡ muchos son investigados sobre sus actuaciones el tren gubernamental o por sus abultadas declaraciones juradas de bienes.

Se trata de los exministros de Educación Carlos Amarante Baret, y de Hacienda, Donald Guerrero; los exdirectores de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña; de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán; del Plan Social, Iris Guaba, y Francisco Pagán, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

De igual forma, a ellos se suman el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; el diputado Radhamés Camacho; la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, y el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz.

También, están los peledeístas Juan Temístocles Montás, Radhamés Segura y Julio César Valentín, quienes fueron beneficiados con el archivo definitivo del caso Odebrecht, sobre el pago de sobornos.

Amarante Baret fue interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), con relación a su desempeño en el Ministerio de Educación (2013-2016), y se espera que, en los próximos días, sea requerido nueva vez.

Las pesquisas a Guerrero giran en torno al patrimonio declarado que supera los RD$1,000 millones, y que mueven a sospecha a las autoridades ante un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También, se extendieron a pagos irregulares a diversos contratistas.

El Ministerio Público actuó en el caso contra Guerrero luego de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, “quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de RD$21,000 millones, pero las indagatorias se extienden a otros hechos”. Por esta denuncia, las autoridades han requerido a Lizardo.

Sobre Peña, las indagatorias son por alegada corrupción administrativa y la presunta sustracción de más de RD$9,200 millones durante su gestión al frente de la Opret, a través de múltiples compañías.

A Yokasta Guzmán se le atribuyen presuntas irregularidades en procesos de compras en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco.

Iris Guaba, exdirectora del Plan Social, ha sido citada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en relación a procesos de compras irregulares.

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