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Santo Domingo. –La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), calificó como una imprudencia y acto criminal el anunció del Ministro de Educación de dar apertura a la docencia  presencial, en las escuelas dominicanas; todo ello pese a la oposición, casi generalizada de sectores profesionales, que advierten de la gravedad y el aumento de la pandemia.

La entidad cívica en voz de su representante el abogado Trajano Potentini ve como alarmante, el que la Vicepresidenta de la república, Raquel Peña, junto a los ministros, de educación y salud pública, Roberto Furcal y Daniel Rivera, pidan de forma hasta insensata, en llevar a alumnos y profesores, a una especie de degolladero y ensaño sanitario peligroso e innecesario, por faltar apenas, un mes para la conclusión del año escolar.

El presidente de la entidad Trajano Potentini, solicitó reiteradamente a las autoridades gubernamentales, a no dejarse presionar por sectores empresariales, que solo buscan disipar el presupuesto multimillonario del 4% destinado para la educación, todo ello sin considerar la secuela negativa que tendría sobre la salud del pueblo dominicano, la exposición de alumnos y maestros al coronavirus.

El jurista recordó a las autoridades gubernamentales, que el manejo irreflexivo y negligente de la administración pública, con gestiones a todas luces imprudentes, como la apertura de las escuelas en un momento crítico de la pandemia, puede comprometer su responsabilidad penal y civil.

Asimismo, Justicia y Transparencia, informó sobre  la creación de un observatorio de prevalencia e incremento del coronavirus, con el fin de emanar e instaurar compromisos de los funcionarios envueltos y responsables, de la imprudencia y negligencia de abrir las escuelas, pese a la oposición documentada de diversos sectores, entre ellos la propia fundación, en consecuencia, dejando testimonio de puesta en mora para las autoridades responsables del temerario reinicio de docencia y sus funestos resultados.

La Fundación Justicia y Transparencia finiquitó haciendo un llamado al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para que su rol de protector de los derechos de la niñez, como organismo internacional acreditado en el país, lleguen en auxilio de lo que, sin lugar a dudas, sería una grave y indócil exposición, de la salud pública del pueblo dominicano, frente al aumento y gravedad del covid-19.

 

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