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Por: Redacción

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana, bien acopladas, están dando al narcotráfico unos garrotazos antológicos en los últimos meses.

La incautación de más de 12 toneladas de drogas, especialmente cocaína, tanto en mar como en tierra, desde agosto de 2020 hasta hoy, supera los decomisos totales de los años anteriores.

Estos operativos han dado también por resultado el apresamiento de 9,210 personas vinculadas, la retención de 1,012 vehículos, 14 extraditados y once a la espera de serlos y una millonada en dólares y pesos.

El valladar que ambas instituciones han tendido con sus operaciones conjuntas está impidiendo que la “naiboa” del microtráfico entre al sistema circulatorio de la venta y consumo de estupefacientes en nuestros barrios y pueblos.

Como es natural, la falta de este oxígeno vicioso desata desconciertos, agonías y rebeldías entre la masa que consume, desorganiza y desarticula los grandes negocios sucios que se incuban con ese tráfico ilegal.

La DNCD y la Armada están salvando la política de cero tolerancia al crimen organizado que está impulsando el presidente Luis Abinader, una política que de seguro generará resistencias en áreas oficiales comprometidas con los traficantes y sus sicarios.

Las sumas de dinero dispuestas para el soborno o chantaje de autoridades antidrogas o judiciales deben estar dobladas en estos días, tratando de contrarrestar los sistemáticos golpes que se le están propinando a los narcos.

Y en contextos como este, no se descarta que, como pasó en Colombia y México, los capos puestos a raya financien la desestabilización del orden público para intimidar al gobierno y hacerlo retroceder en esta ofensiva.

Que quede claro que el narcotráfico es un flagelo que ha hecho demasiado daño a la sociedad. Solo prospera cuando hay autoridades comprometidas en el contubernio, como contrapartes del negocio, lo que se evidencia en el contraste de las incautaciones de ahora con las del pasado.

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