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Por: Margarita Cedeño

Ya hace poco más de una década que el país exigió un compro­miso firme y contundente con el desarrollo del siste­ma educativo dominicano. En aquel entonces, las ma­nifestaciones con las som­brillas amarillas exigiendo que se destinara el 4% del Producto Interno Bruto co­mo inversión para la edu­cación escolar, movilizaron las voluntades de personas de todos los estratos socia­les, en lo que podría consi­derarse como una verda­dera revolución ciudadana que rindió sus frutos.

El gobierno del Presiden­te Danilo Medina asumió la difícil tarea de balancear el Presupuesto General del Estado, con el propósito de destinar alrededor de 100 mil millones de pesos cada año para el Ministerio de Educación y, a la vez, utili­zar estos fondos de manera eficiente, para que se refle­jaran en el avance del sector educativo.

Al parecer, algunos sec­tores de la sociedad han ol­vidado los fundamentos de aquella gran batalla, espe­cialmente en lo relativo a la formación docente. El Pac­to Nacional para la Refor­ma Educativa firmado en el 2014, reconoció que “la ca­lidad profesional, la fortale­za moral, la dignificación y la entrega de los educado­res juegan un rol clave en la calidad de la educación” y que, por lo tanto, “la forma­ción profesional y pedagó­gica, inicial y continuada de los docentes es fundamental para transformar el desem­peño y la calidad de la edu­cación dominicana”.

Todos los informes sobre transformaciones del siste­ma educativo en otros paí­ses coinciden al establecer que tener buenos profeso­res es clave para el desem­peño de los estudiantes y la reducción de las brechas de aprendizaje. De hecho, un informe del Banco Intera­mericano de Desarrollo es­tablece que la exposición de un alumno a un buen profesor triplica la calidad de los alumnos.

 

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