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Santo Domingo,- La “Operación Coral”, el caso más reciente de persecución contra la corrupción administrativa, ha llevado ante la justicia a seis personas, quienes según el MinisterioPúblico integran el entramado militar, policial, societario y religioso que actuó en perjuicio del Estado dominicano.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó medida de coerción en contra del exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza; la asimilada de la Policía y pastora Rossy Guzmán; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el hijo de la pastora y miembro de la Policía, Tanner Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.

A estos seis la Pepca los acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.

Sin embargo, en el mismo expediente de 195 páginas donde el Ministerio Público desglosa el “modus operandi” del supuesto entramado, se mencionan otros nombres de personas que hasta el momento no han sido imputadas.

De acuerdo con la Pepca, la red criminal utilizó a militares y policías para hacer transacciones millonarias “sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.

Precisamente, en el documento este diario identificó a un total de 15 personas pertenecientes a distintas instituciones del orden que según el MP “tuvieron una participación activa en las operaciones ilícitas”, entre ellas cinco generales de brigada, uno de los más altos rangos militares.

Acuerdo de Ejecución de Obra», se establece que el general es uno de los propietarios “reales” de los diez solares ubicados en el Residencial Colinas del Oeste, con un valor aproximado de RD$40 millones.

Junto a Reyes Batista también figuran el “cabecilla” del entramado, Adán Cáceres; así como los militares Elvis Marcelino Feliz Pérez y Franklin Antonio Mata Flores como los dueños de los terrenos.

Al ser interrogada por el órgano persecutor la pastora declaró que la empresa Único Real Estate e Inversiones adquiría los inmuebles de forma directa “para facilitar todos los trámites de permisos de edificación, subdivisión rendición y para lo que es la situación laboral del proyecto”.

“Pero existe un contrato verbal donde se establecen claramente que esos inmuebles son de Elvis Feliz Pérez, Franklin Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista», añadió Guzmán.

  1. Elvis Marcelino Feliz Pérez

Mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y exviceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales durante la segunda gestión del expresidente Medina.

Junto a Boanerges, Feliz Pérez es señalado por el MP como uno de los propietarios “reales” de los diez solares en Colinas del Oeste y captor de dinero procedente de la venta de inmuebles producto de “actividades ilícitas”.

Dentro de las pruebas documentales, la Pepca resalta un Acto Notarial sobre Declaraciones y Descargo Sobre Acuerdo de Ejecución de Obra con la que “demostrarán que los imputados intentaron dar apariencia de legalidad al traspaso de los inmuebles ubicados en el proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la Urbanización Colinas del Oeste”.

  1. Juan Carlos Torres Robiou

Se trata del General de Brigada y director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), entidad señalada por la Pepca como una de las instituciones usadas para estafar al Estado a través del nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, que luego debían retribuirle al entramado entre el 70% y 80%.

El documento señala que Robiou le alquiló un inmueble ubicado en El Portillo, playa Las Terrenas, en Samaná  al imputado Raúl Alejandro Girón,  por el que paga mensualmente US$3,000. Esta situación le pareció “en extremo sospechosa” al Ministerio Público.

“El referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, se lee en el expediente.

El general respondió y  como un “acto de civilidad, humildad y honor” puso a disposición del mandatario Luis Abinader su cargo al frente del Cestur “con el propósito de que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”.

Robiou señaló que aunque no se trata de una investigación en su contra, “es de conocimiento público que aborda algunos servidores de esta institución”.

  1. Eric Daniel Pereyra Núñez

Eric Daniel Pereyra Núñez, sobrino del imputado Núñez de Aza, es un cabo de la Policía Nacional adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), donde hasta hace un año Adán Cáceres era la autoridad suprema.

La Pepca lo señala como una persona que “colaboraba constantemente en la movilización de fondos para la orden del teniente coronel Núñez de Aza”.

“Pues este (Pereyra Núñez) se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”,  se lee en el documento.

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