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Santo Domingo. – La magistrada Miriam Germán Brito aseguró este martes que la Procuraduría General de la República examina y realiza los estudios contables de las declaraciones juradas de bienes presentadas al Ministerio Público por la Cámara de Cuentas.

Germán Brito explicó que entre los temas que trajo a la Procuraduría General el presidente de la CC, Hugo Francisco Álvarez Pérez, figura el de las dificultades que puso a ese órgano el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la auditoría a los fondos públicos que recibió a través de la Junta Central Electoral (JCE) en los años 2012 y 2016.

Aseguró que desconoce las razones que llevaron al PLD a obstaculizar el trabajo de la Cámara de Cuentas, pero adelantó que ya el Ministerio Público tiene una investigación en curso al respecto.

Germán Brito se refirió al tema al responder una pregunta de N Digital al concluir una rueda de prensa virtual, vía la plataforma de Zoom, que ofreció a periodistas que cubren la fuente de la Procuraduría General.

Álvarez Pérez visitó la Procuraduría General los días 9 y 30 de septiembre para tratar diversos temas, incluyendo el de las auditorías al PLD que dieron lugar a unas diligencias de parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución.

La Pepca y la Dirección de Persecución requirieron la comparecencia del presidente interino del PLD, Juan Temístocles Montás Domínguez, así como la del contralor de la organización, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas.

El presidente de la Cámara de Cuentas también depositó en la Procuraduría General declaraciones juradas de bienes de funcionarios o exfuncionarios y, además, aportó una lista con los denominados “omisos” que incumplen con la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, del 8 de agosto de 2014.

“Se está investigando un gran número de denuncias sobre algunos departamentos del Estado, también sobre declaraciones juradas que fueron traídas por la Cámara de Cuentas, entre ellas a funcionarios que no hicieron declaraciones juradas en el tiempo establecido por la Ley”, dijo Germán Brito en su rueda de prensa de este martes.

“Las declaraciones juradas serán investigadas todas y el que tenga un incremento diferente se pudiera someter a la justicia, si no tiene justificación para ese incremento de su fortuna, porque podemos deducir que hay un enriquecimiento ilícito”, planteó.

Sostuvo que un mes y medio jamás resultará un tiempo excesivo para un proceso de investigación de una denuncia o una querella en la que, como en algunos casos, existen “muchas cuestiones a ser examinadas por peritos forenses” y, además, se debe pedir información a entidades del área financiera.

“Es que, si uno hace un expediente y lo conduce de manera atropellante y con una rapidez desesperada, la más probable es que le salga flojo el caso y que en un juicio al fondo no se sostenga”, sostuvo Germán Brito.

“Por ejemplo, para la condición de instrucción basta que un hecho sea probable y que la persona investigada sea el probable autor de eso, pero para un juicio no es así, para un juicio al fondo debe probarse fuera de toda duda razonable”, dijo la procuradora general.

“Pronto se conocerán resultados de investigaciones a ex funcionarios y actuales”

La procuradora informó este martes que en las próximas semanas se estarán viendo los resultados de las investigaciones que está realizando la Procuraduría General de la República con respecto a varios casos de interés nacional, incluyendo las declaraciones juradas de bienes de funcionarios.

“Se van a investigar todas las tenencias y las querellas respecto a declaraciones juradas de bienes y también a otras actividades donde aparentemente se ha hecho un uso indebido de los fondos del Estado… Ya se están iniciando las investigaciones en ese aspecto y en otros expedientes. En algunas semanas se verán resultados de esos procesos de investigación”, indicó la magistrada.

Germán Brito explicó que ya iniciaron las investigaciones sobre las declaraciones juradas que remitió la Cámara de Cuentas de los funcionarios del pasado Gobierno y también del actual, para que en caso de que el incremento patrimonial no se corresponda con lo que ha sido su vida laboral se podría someter a la acción de la justicia a la persona si no tiene justificación del mismo.

“Podríamos presumir que se trata de un enriquecimiento ilícito pero las investigaciones se harán a profundidad y sin prejuicios y respetando las garantías procesales de todo individuo”, recalcó.

En otro orden, al ser preguntada por el caso Odebrecht, que actualmente se encuentra en juicio de fondo, la magistrada aclaró que, si bien no puede referirse al proceso actual ya que se inhibió del mismo, si pudiera hablar sobre futuras cosas que vengan sobre el caso.

“Yo no puedo opinar en los asuntos de Odebrecht, el Odebrecht que está judicializado, no de otras cosas que vengan sobre Odebrecht porque yo me inhibí de ese proceso y me inhibí por las cosas que dije sobre las condiciones de es ex expediente, que en ese entonces cuando yo lo vi para la medida de coerción tenía un carácter como de conjeturas y de suposiciones, que a mí me parece, yo creo, él no me lo dijo a mí, cosas así y yo se lo dije en el voto disidente, mencionando, incluso, que ahí habían personas que tenían 14 años que habían salido del cargo y que lo estaban arrastrando para someterlo, entonces después de haber dicho esas cosas, yo como abogado considero que un juez que me haya dicho yo trato de apartarlo del proceso y yo preferí apartarme yo misma porque eso daría lugar a una sospecha de parcialidad”, sostuvo en la reunión virtual.

 

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