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Santo Domingo. – El jurista Francisco “Pancho” Álvarez, ha cobrado la suma de RD$43,107,152.53 millones de pesos mediante contratos convenidos por indefinidos y “confidencial” con la Dirección de Impuestos Internos (DGII).

La DGII le otorgó dos contratos a Álvarez a través de la oficina de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández, que él representa en el 2018 y 2019 y, que fueron rescindidos por el actual director Luis Valdez y renovados, varios días después.

El primer pago se hizo en la gestión de Magín Díaz en la DGII de RD$1,050,318.00 en fecha 08/11/2018.

El último pago registrado a la oficina que representa Álvarez es de RD1,241,902.80 de fecha 15 /09/2020 del actual director de la DGII, Luis Valdez.

Contratos a Álvarez

Álvarez Valdez recibió el primer contrato de la DGII el 23 de julio del 2018 autorizado por Magín Díaz de US$18,000.00 dólares más ITBIS para representar esa institución del Estado contra la empresa Grupo Tremols.

El segundo contrato, fue firmado entre las partes el 2 de agosto del 2019, pero efectivo el primero de mayo, de ese año. Bajo la naturaleza indefinida con monto del primer contrato (US$18,000,000 más ITBIS), pero para el caso Grupo Barceló Dupuy. (VER AMBOS CONTRATOS Contrato HRAF – Tremols 23.07.2018Contrato HRAF – Dupuy Barceló 02.08.2019)

Renovación de los contratos

Tras asumir la dirección de DGII, Luis Valdez rescindió los dos contratos indefinidos con Pancho Álvarez el 8 de septiembre del 2020, pero se lo renovó por seis meses más, diez días después, el 18 de septiembre. (VER LOS DOS CONTRATOS RENOVADOS Contrato HRAF actual – Tremols 18.09.2020Contrato HRAF actual – Dupuy Barceló 18.09.2020)

Los dos contratos renovados para representar la DGII en asuntos legales contra Grupo Tremols y Grupo Barceló Dupuy, fue variado la forma de pago a “hora efectiva trabajada”, pero equivalente a la cantidad a de US18,000,00 dólares mensuales.

El Pregonero solicitó a la DGII vía al Departamento de Libre Acceso a la Información Pública los contratos, siendo estos entregados a este medio por esa institución estatal, como establece el marco jurídico legal.

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