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Santo Domingo. – El Ministerio de Defensa dispuso al personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) una auditoria donde 2,000 miembros de esa Institución Policial fueron cancelados.

Entre las tres Instituciones están: el Ejército Nacional, La Armada y La Fuerza Aérea, incluido el personal del Ministerio de Defensa quienes fueron sometidos durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020, a una auditoría que procura identificar los llamados “Militares Peluches” y otro personal que no brinda labor alguna a la institución, pero devenga un salario.

Además, fueron sometidas a un proceso de saneamiento las nóminas de la FARD, en las cuales las autoridades detectaron que cientos de personas con contratos temporales cobraban sin trabajar.

De acuerdo a los datos oficiales se registra que un total de 1,832 miembros de esa institución fueron desvinculados desde agosto 2020 hasta la primera semana de junio de 2021, por diferentes infracciones a la Ley (139-13) Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, al menos 139 oficiales, alistados y asimilados fueron cancelados durante ese periodo, por cometer faltas graves como ausentarse de su unidad de servicios sin la debida autorización; salir del país sin permiso de sus superiores; desobediencia al mando superior entre otras infracciones al Reglamento Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Además, la Comisión de Faltas Graves de la institución, estos militares violaron el numeral 3 del Artículo 173 de la normativa que rige los cuerpos castrenses; que establece la cancelación del nombramiento por falta grave debidamente comprobada por una junta de investigación designada al efecto.

Durante la evaluación del personal auditado fueron recomendadas la cancelación de contratos El mando de otros 439 miembros que fueron ingresados a la institución de forma irregular, violentando el Artículo 97 de la referida legislación militar.

De acuerdo a un comunicado de la Institución, el personal desvinculado y dado de baja fue ingresado con edades superiores a la establecida en la ley, lo cual crea el inconveniente de que cuando se establece la relación edad-tiempo en servicio, no cumplirán con los requisitos para otorgarle la pensión.

El numeral 4) del referido artículo establece que, para los oficiales especialistas, de servicios auxiliares y asimilados militares deben de haber cumplido para el ingreso 18 años de edad y no más de 35 de vida. Mientras que, para los alistados, el numeral 2 de este artículo exige haber cumplido 18 años de vida y menos de 23 de edad.

De igual forma, en el proceso de la auditoría, al menos 328 militares presentaron renuncia de la institución, para dedicarse a actividades civiles, según indica el documento.

Sin embargo, las autoridades afirman que no se trató de un personal operativo, sino de personas que fueron ingresadas irregularmente pero que se dedican a actividades independientes del compromiso militar.

La comisión recomendó también la disolución de los contratos temporales de 538 personas civiles que figuraban como igualados en las nóminas, pero que cobraban y no asistían sin ir a la institución.

Asimismo, otros 40 alistados resultaron desvinculados porque fueron cancelados como trabajadores temporales, y ahora figuraban como militares activos ingresados irregularmente.

Las cancelaciones en la FARD alcanzaron también a un grupo de 11 oficiales y alistados que ostentaban rangos honoríficos, a contrapelo del Artículo 70 de la ley militar vigente, que prohíbe la concesión de grados honoríficos en las Fuerzas Armadas.

Durante el saneamiento a las nóminas de la FARD, fueron cancelados, además, otros 18 miembros e igualados que figuraban cobrando en otras nóminas del Estado.

Las autoridades desvincularon en ese mismo orden a 173 oficiales con disfrute de pensiones, en su mayoría se trata militares que no prestaban servicios a la institución, algunos residen fuera del país y otros en actividades independientes.

Las comisiones continúan evaluando al personal auditado, y proyecta la cancelación de otros 500 miembros, que no prestan una labor útil a la institución, según las autoridades.

El ministro de Defensa cifra en 7 mil los militares y asimilados que serán desvinculados de las instituciones castrenses, pero sobre todo a los llamados militares peluches.

 

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