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Santo Domingo. – El Senado se apresta a aprobar un proyecto de ley de Código Penal, sin modificaciones, como fue sancionado en la Cámara de Diputados y que, según el Ministerio Público, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Ministerio de la Mujer y otros sectores tiene inconsistencias que desnaturalizan algunos principios y riñen contra la Constitución.

Cabe resaltar que esa fue la última decisión adoptada por la comisión especial del Senado, que preside el senador Santiago José Zorrilla, apoderada del estudio de esa iniciativa, que ha causado posiciones encontradas incluso entre los propios senadores.

El informe de la comisión especial deberá ser conocido y sancionado por el pleno senatorial. La legislatura extraordinaria terminará el próximo 15 de agosto y de no ser aprobada la pieza en ese periodo perimirá y deberá ser reintroducida.

El presidente del Senado, Eduardo Estrella, favoreció que el proyecto de ley del Código Penal se pueda enriquecer y que ese hemiciclo se tome su tiempo estudiándolo, ejerciendo su rol como órgano bicameral.

Aunque admitió que él no está de acuerdo con las tres causales que permitirían el aborto, destacó que es importante que el país cuente con un Código Penal robusto y que cada cámara legislativa realice su trabajo como parte del fortalecimiento democrático. Pidió a los diferentes sectores no desesperarse y aseguró que no han recibido presiones ni le han “bajado línea” al respecto.

Las adecuaciones

En el caso del Ministerio Público, representado por la procuradora general de la República, Miriam Germán, entiende que esa pieza legislativa requiere de importantes adecuaciones para lograr una legislación penal moderna, acorde a las necesidades actuales del país y que facilite su correcta aplicación por parte de los operadores del sistema de justicia penal. Cree esas reformas son necesarias por ser aspectos de especial interés para el sistema de justicia y el correcto ejercicio de la política criminal del Estado.

Tanto el Ministerio Público como la comisión de juristas designada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, cuando el proyecto era estudiado en la Cámara de Diputados, han hecho observaciones sobre la corrupción. En esta ocasión, la procuradora general de la República, Miriam Germán, remitió observaciones a unos 84 artículos, las cuales están contenidas en 95 páginas. Entre esas sugerencias figura “conciliar el aumento de la escala general de las penas complementarias, consistentes en inhabilitaciones en las funciones públicas, con las escalas de penas complementarias impuestas en infracciones de corrupción, pues estas últimas exceden con creces la escala general”.

Además, sugiere que los partidos políticos no estén exentos de responsabilidad penal, debido a que como personas jurídicas pueden incurrir en delitos como corrupción y lavado de activos.

Propone agregar otras manifestaciones de violencia, además de la violencia de género, ya consignada en la pieza, como la violencia contra la mujer, económica, patrimonial, psicológica o verbal, observando las tendencias jurídicas modernas. Asimismo, sugirió incluir la orientación sexual entre las causas para penalizar el homicidio agravado, tortura o actos de barbarie agravados. Hizo observaciones sobre el arresto ilegal, el secuestro, proxenetismo o prostitución, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Amplio diálogo

Ayer, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, envió una misiva al presidente del Senado, Eduardo Estrella, en la que afirma ese hemiciclo debe jugar su rol de contrapeso e impulsar un amplio diálogo con la comunidad jurídica, la academia y toda la sociedad sobre el proyecto de ley de Código Penal.

Recordó que el objetivo del bicameralismo es proveer de la mayor legitimidad y mejoras en las leyes.

Expresó que ante el hecho de que la comisión especial del Senado se encamine a emitir un informe favorable del Código Penal sin abocarse a ponderar aspectos sustanciales que han sido señalados para necesaria revisión. La Finjus planteó incluir identidad y orientación sexual en el homicidio agravado, la discriminación y la penalización de la tortura o actos de barbarie agravados. Plantea eliminar la objeción de conciencia para ofrecer un servicio o contratarlo e incluir las tres causales del aborto.

 

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