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El presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Napoleón Estévez Lavandier, expresó preocupación por la persistencia de la práctica de identificar expedientes penales con motes o sobrenombres, a pesar de que esta está expresamente prohibida por ese alto tribunal mediante la sentencia TC/0225/25.

En dicha decisión, considerada de gran trascendencia en materia de derechos fundamentales, el TC dispuso que, fuera del ámbito interno de los órganos de investigación, no está permitido asignar apodos a los procesos penales. El tribunal sostuvo que esta práctica vulnera derechos esenciales como la dignidad humana, el honor, el buen nombre, la imagen personal, la integridad y la presunción de inocencia de las personas sometidas a la justicia.

Estévez Lavandier señaló que aún persiste resistencia al cumplimiento de esta disposición y enfatizó que el uso de motes resulta innecesario para la litigación penal, recordando que el sistema judicial dominicano identifica los expedientes de forma objetiva, mediante numeración, sin distinciones ni calificativos.

Asimismo, el magistrado exhortó a los actores del sistema penal y a los medios de comunicación a abstenerse de utilizar motes en la identificación de procesos judiciales, al reiterar que esta práctica contradice los valores consagrados en la Constitución y vulnera los principios del debido proceso.

Las declaraciones fueron emitidas durante el discurso de rendición de cuentas correspondiente al año 2025, pronunciado en el marco de la audiencia solemne con motivo del décimo cuarto aniversario del Tribunal Constitucional.

El magistrado destacó que el Tribunal Constitucional alcanzó una capacidad de respuesta del 99.3 %, logrando cumplir los objetivos establecidos en el plan estratégico orientado a la reducción de la mora judicial.

“Nos planteamos superar nuestros propios estándares institucionales y hoy podemos asegurar que ese compromiso fue honrado”, expresó.

Durante el año 2025, el TC conoció y decidió 646 casos civiles, 383 penales, 442 administrativos, 193 inmobiliarios, 136 laborales, 17 electorales y 22 correspondientes a materia internacional.

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