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Durante estos últimos días dos notables economistas dominicanos, los doctores Andrés Dahuajre hijo y Magín Díaz en sus columnas semanales publicadas en dos diarios de circulación nacional, han expuesto serias ponderaciones sobre la situación de la deuda pública dominicana.

Uno expone sobre el análisis contenido en la última evaluación de la economía dominicana realizada por el Fondo Monetario Internacional bajo el artículo IV, donde se nos advierte sobre el riesgo del cada vez mayor peso que tiene el pago de la deuda pública sobre el presupuesto nacional, y donde el doctor Dahuajre correctamente presenta el importante papel que han jugado los recursos generados por los fondos de pensiones para financiar las necesidades de endeudarse de los gobiernos, y que esta deuda no sea mayor en demanda de recursos externos, lo que ha evitado elevar más la vulnerabilidad de su pago frente al surgimiento de una crisis cambiaria, y advierte el peligro que representaría para el sostenimiento de la estabilidad macroeconómica del país, que por una desquiciante iniciativa congresional, se borre de un plumazo esa importante fuente de recursos que ha sostenido la estabilidad de nuestra economía durante los últimos 20 años.

En el otro escrito, el doctor  Díaz expone en su columna, los argumentos de cuatro importantes economistas de la universidad de Berkeley, entre ellos el doctor  Barry Echeingreen, donde en un reciente libro señalan consideraciones sobre lo importante que ha sido la deuda externa como fuente de solución financiera, para que los gobiernos puedan obtener en los mercados mundiales mayores recursos públicos demandados por situaciones de crisis, ya sea por guerras, por pandemias, o por necesidades de financiar gastos en educación y en inversiones de infraestructura pública.

Díaz expresa en el contenido de su exposición, sobre la necesidad de elevar la presión fiscal en 5 puntos porcentuales del PIB, como requerimiento de recursos fiscales adicionales, señalando que ha sido demandado por este gobierno.

Expone sobre la peor crisis cambiaria y de inflación del siglo pasado que causó el presidente Balaguer, un enemigo demostrado del endeudamiento externo, al utilizar recursos del Banco Central, para financiar sus gastos de inversiones públicas. Para quien escribe, las ejecutorias de Balaguer durante ese periodo del 1986/90, desbordaron el límite de la racionalidad en el prudente manejo de las políticas públicas, al no hacer el esfuerzo de continuar aplicando políticas de reformas cambiarias, fiscales y de estabilización financiera que se iniciaron en el 1985, y que buscaban lograr abrir de nuevo las fuentes de recursos externos, que se encontraban cerradas desde el inicio de la década de los 80s. Contrariamente a ese desastroso periodo gubernamental, los anteriores gobiernos de Balaguer, y entre los años 1968 y 1977, el país logró alcanzar sus más elevados niveles promedio anual y acumulado de crecimiento económico de los últimos 56 años, sustentados en elevados gastos de inversiones públicas y privadas, con baja presión fiscal, pero elevado ahorro público, estabilidad macroeconómica y reducido nivel de deuda externa, sin el elefantiásico sector público que hoy con su voracidad en gastos corrientes se comen el 100% de los ingresos públicos. Durante dicho periodo también se ejecutaron las reformas económicas más importantes que impulsaron a los sectores productivos, que han sustentado el crecimiento y la dinámica de nuestra economía. Las posteriores reformas han sido simplemente cosméticas, exceptuando las fiscales, monetarias, financieras y cambiarias y una mayor apertura del país a los mercados externos y que se ejecutaron a partir del 1991. Quiero enfatizar que con las bajas presiones fiscales, el país ha logrado crecimientos económicos envidiables para cualquiera otra economía latinoamericana y caribeña, reduciendo sus niveles de pobrezas del 50% en el 2004 al 21% en el 2019, año anterior a la pandemia, una reducción extraordinaria y no lograda por ningún otro país dentro de este hemisferio occidental. Este comportamiento, y lo señalado durante el periodo de Balaguer de baja presión fiscal y elevados niveles de ahorro e inversión publicas, son indicadores que en nuestro país lo más importante es lograr un adecuado y controlado manejo del gasto público, racionalizando y disminuyendo la megastructura institucional pública para reducir al mínimo los gastos corrientes.

Además, esos cinco puntos porcentuales del PIB en aumento de la presión fiscal, se pueden lograr eliminando las evasiones y subsidios fiscales.

Y si hay desigualdad en la distribución de los ingresos y las riquezas, estas no son por causas de la calidad en los ingresos impositivos; sino de la forma como se aplica el gasto, de la enorme corrupción pública y privada, cómo ha sido demostrada con los últimos escándalos, y debido al mantenimiento por parte del poder público, de mercados de bienes y servicios rentistas otorgados a los monopolios y oligopolios privados, que fijan los precios sin tener competencia, y donde la formación de pequeños y medianos empresarios es impedida de desarrollarse por no poder penetrar a dichos mercados.

Nuestra deuda actual tiene sus principales causas en factores estructurales y exógenos; el financiamiento a las enormes pérdidas del sector eléctrico sin solucionar desde la década de los setentas, a la crisis bancaria del 2003, a la crisis económica mundial del 2009, a la pandemia mundial, a los enormes niveles de corrupción pública y privada nacional, y a la crisis actual provocada por los agudos incrementos de los precios internacionales de las materias primas.
Ahora bien, nuestro país enfrenta enormes desafíos exógenos, que no puede enfrentarlos por si solo con recursos propios públicos y privados, y por cambios en el comportamiento del mercado de deuda global, que requieren una modificación en el perfil de la deuda, y una solución que le permita acudir anualmente a fuentes confiables.

El principal y más importante desafío que enfrenta el país, es el de su elevada vulnerabilidad a los desastres naturales provocados por el calentamiento global.

Nuestro país está cada año más expuesto a las pérdidas de vidas humanas, y de infraestructura física, así como en pérdidas de cosechas agrícolas y población pecuaria, que originan los cada vez mayores y más abundantes huracanes y tormentas tropicales, las prolongadas sequías, los incendios forestales, las pérdidas de protección marina con los aumentos en el nivel del mar, que aniquila nuestro sector turístico de playas, y penetra con sus aguas saladas nuestros acuíferos de aguas dulces, dañando el abastecimiento de agua potable para la población humana.

En fin, nuestro país necesita urgentemente dotarse de todas las presas y embalses de agua potable que sean posibles construir, limpiando de lodos y basuras las existentes, dotar a la mayor parte de las zonas agrícolas de canales de riego que permitan aumentar y proteger nuestras áreas cultivables, y dotando de agua potable en construcción de acueductos a toda la población. Para lograr estos objetivos, el país tiene que modificar el actual perfil de la deuda, aumentando la deuda multilateral, y disminuyendo la vulnerabilidad frente a los mercados privados de bonos.

Además, República Dominicana como país insular, con enorme vulnerabilidad al cambio climático, está en el derecho junto a los demás países en desarrollo con similares riesgos, y asumiendo su liderazgo, de solicitar a los organismos multilaterales un cambio fundamental en sus políticas crediticias, que les permitan a estos países no verse sometidos cada año, a la necesidad de enfrentar situaciones críticas por la destrucción de sus activos, sin contar con recursos para los programas de reconstrucción y prevención de riesgos, ya algunos de ellos, principalmente en el caribe, con elevados niveles de deudas por causas de las destrucciones que provocan los recurrentes fenómenos naturales, por la pandemia y la actual crisis de elevados precios internacionales de las materias primas, no tienen acceso al mercado privado de deuda.

Los préstamos otorgados en el futuro por las fuentes multilaterales de financiamiento a estos países, llevarían una cláusula, cuyos montos prestados pasarían a su vencimiento a ser parte de un fondo revolvente, a ser utilizados por los propios países, fondeando sus programas de inversiones públicas para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, y se le transferiría solo en pagos a estos organismos el costos financiero del uso de estos recursos. Adicionalmente, estos costos financieros podrían ser compensados por recursos aportados por los países desarrollados para enfrentar el cambio climático.

 

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