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Por: Andrés Lugo Risk

Amplios sectores de la vida nacional se han sumado a la demanda que por años han enarbolado los movimientos feministas y de mujeres en nuestro país, sobre el reconocimiento del derecho que les asiste de tener autonomía sobre su propio cuerpo y a la posibilidad de poder, con el amparo de la ley, interrumpir un embarazo causado por una violación o un incesto, cuando la vida de la criatura es inviable fuera del útero o cuando está en riesgo la propia vida de la madre.

Estudios revelan que la prohibición sigue cobrando numerosas vidas. Por ejemplo, un trabajo del Observatorio Político Dominicano de FUNGLODE del 2019 manifestó que un promedio anual de 186 mujeres pierde la vida al dar a luz en los centros hospitalarios de nuestro país por causas que son prevenibles, como abortos, hemorragias, hipertensión, sepsis y otras razones más. Impresionantemente, en una década mueren alrededor de dos mil mujeres.

Queda claro que la discusión sobre esta compleja situación debe enmarcarse dentro de un enfoque fundamentalmente de salud pública y desde la perspectiva de un estado de derecho, aminorando el radio de influencia de los tradicionales argumentos y criterios que caen en el plano de lo ideológico, lo religioso o lo emocional, los cuales no toman en cuenta la vida de las mujeres.

El país está alcanzando una sólida madurez entorno a este tema, la gente razona los pros y los contras con gran discernimiento, lo cual está ayudando a edificar un diálogo útil, constructivo y sobre todo esperanzador, que nos podrá llevar muy pronto a un entendimiento que priorice la vida de nuestras mujeres, sus derechos y su desarrollo y valore el profundo impacto humano que esto tiene en toda la sociedad.

 

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