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Santo Domingo. – El jurista Gregory Castellanos Ruano afirmó que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, está utilizando el organismo como si es de su propiedad, expresa  que, ya que viene haciendo “lo que él quiera” sin que nadie ejerza control sobre sus operaciones.

Asimismo, en el artículo publicado en El Nuevo Diario titulado “Si hubiera ocurrido en un colegio de abogados extranjeros”, Castellanos detalló los actos de corrupción en que se ha visto envuelto Surún Hernández, de los cuales muchos están apoderados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

“Si en cualquier otro país del mundo un presidente de un colegio de abogados se ve implicado en los actos que a continuación indicamos (los cuales son una pequeña parte de una enorme lista), el propio colegio de abogados, sus instituciones internas, se hubiesen puesto en funcionamiento automáticamente para iniciar un juicio disciplinario, juzgar y expulsar a su presidente y someterlo penalmente”, indicó el jurista.

Por otra parte, entre las acusaciones que insinuó Castellanos está la querella depositada, a través del abogado Jorge Lora Castillo, sobre que Surún Hernández compró a titulo personal por 106 millones de pesos terrenos en la Provincia de La Altagracia, de lo cual se depositaron las pruebas correspondientes.

“Si se reúne a todos los presidentes de abogados y se suma la fortuna de todos ellos, la cantidad total de todos ellos sigue siendo chiquita, pero muy chiquita, a años luz de distancia de esos 106 millones de pesos”, expuso Castellanos.

El representante recordó que Surún Hernández se obstaculiza a ser auditado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), a pesar de que el Colegio de Abogados maneja recursos públicos.

“La PEPCA fue apoderada de una Denuncia formal contra el presidente del colegio de abogados por un delito previsto por la ley especial orgánica de la Cámara de Cuentas y que se llama delito de Negarse a ser auditado, basada dicha denuncia en pruebas documentales emanadas de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República y de la Tesorería Nacional”, dijo.

“Ese señor ha manejado centenares de millones de pesos que no se sabe que él ha hecho con ellos, pero lo que sí se sabe que no han ido a parar a servicios de seguridad social ni a cooperativa ni a centros de recreación para los abogados, etcétera”, agregó.

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