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Santo Domingo.- El político y abogado Guillermo Moreno presidente del  Partido Alianza País, testificó que la investigación hecha por el exprocurador Jean Alain Rodríguez sobre el caso Odebrecht «es muy incompleta».

El político resonó que la propia empresa aceptó haber pagado sobornos ascendientes a más de 92 millones de dólares para de asentimiento y adjudicación de unas 17 obras entre los años 2001 a 2014.

Asimismo, calificó como «enigmático» que «no se hayan incluido a un conjunto de funcionarios y legisladores que jugaron un papel  imprescindible, ya sea de forma directa o indirectamente en la  y presupuesto de las obras”.

De igual modo, señaló que debieron ser escudriñados los expresidentes relacionados a las gestiones de gobierno de los exmandatarios:  Hipólito Mejía, en cuyo gobierno se adjudicaron dos obras; Leonel Fernández quien aprobó y adjudicó 10 obras, entre las cuales 4 corresponden a las más sobrevaloradas de las construidas por Odebrecht en toda América Latina; y a Danilo Medina, en cuyo primer gobierno se adjudicaron 5 de las obras de mayor valor, incluyendo la Termoeléctrica Punta Catalina sobrevaluada en más de 700 millones de dólares.

También reveló que debieron ser puestos bajo investigación los exfuncionarios Reynaldo Pared Pérez, quien dio paso a la aprobación de 26 contratos de construcción y del financiamiento de las obras de la constructora brasileña Odebrecht, mientras fue Presidente del Senado; la expresidenta del Senado Cristina Lizardo, en cuya gestión se aprobaron 4 contratos y Abel Martínez, quien permitió que se aprobaran 28 de los contratos y adendas mientras fue Presidente de Cámara de Diputados.

El dirigente de Alianza País incluyó también en su alocución que “La investigación debió incluir al excandidato del partido morado Gonzalo Castillo responsable como Ministro de Obras Públicas de 4 de las obras y a Rubén Bichara, responsable de la firma del lesivo contrato de Punta Catalina”.

El político perpetuó que la gestión pasada de la Procuraduría General de la República (PGR) firmó un acuerdo de ligereza con la empresa brasileña Odebrecht, el cual excluyó de responsabilidad a los funcionarios de dicha empresa y le aprobó seguir operando en el país.

“Lo más significativo es que el Ministerio Público no hizo uso del compromiso asumido por la  empresa de aportar documentos y testigos que podrían testificar  sobre el entramado corrupto, para así garantizarle impunidad a mucho de los funcionarios y legisladores mencionados”, señaló el presidente de Alianza País.

 

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