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Santo Domingo.- La magistrada Yeni Berenice Reynoso apreció la ratificación de las medidas de coerción a los imputados del caso Anti-pulpo, considerándola jurídicamente blindada en cuanto a pruebas y fundamentos.

“El Ministerio Público valora la decisión del juez. Es una decisión ajustada a derecho. Es una decisión que le contestó a la defensa con argumentos brillantes, y fundamentado cada uno, sus solicitudes. Es una decisión que ha dicho por tercera ocasión, lo dijo en primer grado, lo dijo la Corte, y ahora en la revisión…, que el Ministerio Público tiene una imputación preliminar blindada”, señaló Berenice.

“Reiteramos, nuestra imputación está jurídicamente blindada en cuanto a prueba y al debido proceso, y eso es lo que hemos visto hoy”, añadió, al resaltar la solidez del trabajo que desarrolla la Procuraduría en estos momentos en materia de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Reynoso, quien dirige las investigaciones y la litigación del Caso Pulpo junto al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, sostuvo que el Ministerio Público seguirá fortaleciendo la acusación y procediendo a ocupar e inmovilizar bienes relacionados a las actividades ilícitas de los involucrados en el expediente.

“En este caso el Ministerio Público tiene muchos bienes inmovilizados y secuestrados de los que se va a pedir, eventualmente, el decomiso”, adelantó, al tiempo de asegurar que el Ministerio Público sigue, en el día a día, con la investigación de decenas de casos de corrupción.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside Amauri Martínez Abreu, acogió la petición del Ministerio Público de mantener la prisión preventiva impuesta en diciembre pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente a Juan Alexis Medina Sánchez y a otros seis imputados del Caso Pulpo.

También, el arresto domiciliario y otras medidas de coerción impuestas a otros cuatro imputados del caso por el que hasta el momento han sido sometidas 11 personas.

Medina Sánchez es el principal acusado de dirigir el entramado de corrupción que se enriqueció a costa de los recursos de los contribuyentes, valiéndose de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020).

Durante la audiencia para la revisión obligatoria de la medida de coerción también le fue confirmada la prisión preventiva a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y a José Dolores Santana Carmona, imputados como presuntos testaferros de Alexis Medina.

Al grupo le fue confirmada la prisión preventiva por tres meses que cumplen en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

El tribunal también ratificó el arresto domiciliario por tres meses impuesto a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y a Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública.

Carmen Magalys e Hidalgo Núñez en diciembre pasado tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.

Por igual, confirmó el arresto domiciliario e impedimento de salida del país impuesto a Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general  de la República, aunque le autorizó a que se le quitara el grillete. En tanto que se mantiene la presentación periódica impuesta al encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca han establecido que el entramado de corrupción articulado por Medina Sánchez logró depredar en su provecho miles de millones de pesos de los fondos públicos aportados por los contribuyentes.

La investigación del Ministerio Público desarticuló en diciembre pasado la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por Juan Alexis Medina Sánchez.

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