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La Altagracia.– El presidente del Grupo Puntacana y de la Corporación Aeroportuaria del Este, Frank Rainieri Marranzini, fue sometido una vez más a la justicia, por delitos de estafa, asociación de malhechores, fraude inmobiliario y lavado de activos en contra del empresario Josué Cabral Rodríguez.

En el expediente acusatorio presentado por el presidente del Colegio Dominicano de Abogados (CDA), Miguel Surun Hernández, quien representa a Cabral Rodríguez indica que los atropellos ocurrieron en operaciones presuntamente fraudulentas en las que el señalado exige entregar unas parcelas en Higüey que actualmente están siendo utilizadas por el Aeropuerto de Punta Cana.

Surun Hernández explicó que el Grupo PuntaCana y la Corporación Aeroportuaria del Este al parecer no han entregado las más de 270 tareas que componen la parcela “a pesar de que Josué Cabral ha entregado todos y cada uno de los certificados de títulos en el contrato firmado en el 2006”.

Pese a que Cabral entregó todas las certificaciones que refirió Surun, como se detalló, el Grupo PuntaCana no ha hecho su respectiva entrega de títulos porque alegadamente “estos no existen en favor de ellos”, lo que constituye, según el abogado Surun “estafa, lavado de activos y asociación de malhechores”.

“Por eso hacemos este sometimiento para que investiguen y sometan a estas personas porque Rainieri ni nadie se encuentra por encima de la ley”, sentenció Surun.

Surun dijo a los periodistas frente a la sede del Ministerio Público, los hechos precedentemente descritos constituyen el delito de estafa, en perjuicio de Cabral por parte del Grupo PuntaCana, S. A., Corporación Aeroportuaria del Este S.A.S y Frank Rainieri Marranzini, tipificados en los artículos 405 y 406 del Código Penal, numeral 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Financiación del Terrorismo, y violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sanciona el tipo penal de asociación de malhechores.

Según el jurista, estos últimos se hicieron entregar un inmueble sobre la base de la propiedad del que entregaron en contraprestación y agregó que “dicha operación generó cuantiosos recursos obtenidos de una actividad ilícita”.

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