Comparte esta noticia con tus contactos

Santo Domingo. – El Consejo de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad llevo a cabo una renegociación de compra de 177 mil medidores eléctricos, que relacionó una reducción de precio aproximadamente de 19 millones de dólares en cotejo con la novísima compra de estos mismos equipos ejecutada en el año 2019.

De acuerdo a esta nueva compra se prevé ejecutarse en un periodo de tiempo de ocho a doce meses.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Edes, Andrés Astacio, punteó que “si el gobierno hubiera hecho la operación de compra de esos mismos equipos durante el periodo de los 2012 al 2020, en el cual fueron adquiridos 895 mil medidores, a los precios logrados actualmente, se pudiera deducir que el gobierno dominicano se hubiera economizado 90 millones de dólares (cinco mil 200 millones de pesos) para las cuentas públicas y el Estado en sentido general, suma que consentiría hacer las inversiones en infraestructura del sector, que se conllevarían a menos gastos operacionales y energía más segura y confiable”.

Asimismo, añadió, que esta acción se encuadra dentro de la estrategia y la visión del presidente Luís Abinader de eficientizar las operaciones de las empresas distribuidoras de electricidad, para avalar el servicio energético a toda la población a largo plazo y, sobre todo, de manejarlo con esmero y lucidez.

El ejecutivo además recalcó que el ahorro de los 19 millones de dólares fue gracias a que se llegó a un acuerdo con la empresa TWACS ACLARA, fabricante de los medidores inteligentes que tradicionalmente han sido usados por las empresas distribuidoras de electricidad.

Explicó que dicha negociación se realizó en un marco de transparencia y en apego a las leyes, llenando todos los requisitos de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas en nuestro país.

“De igual manera, el Consejo de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad hace reserva de su derecho de realizar una investigación profunda, como en efecto se está haciendo, tendente a posibles acciones judiciales sobre las decisiones administrativas que se realizaron en el pasado reciente, que pudieron costarle al Estado sobre el 80% de la inversión que realizaron las empresas distribuidoras, para lo cual hemos contratado los abogados necesarios”, reveló Astacio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *