EDITORIAL | La política dominicana: ¿democracia o herencia política familiar que se han repartido el Estado?

De padres a hijos, de madres a hijos y de abuelos a nietos. Cambian los nombres, pero demasiadas veces los apellidos continúan alrededor del poder. La República Dominicana necesita abrir un debate serio sobre una práctica que durante décadas ha condicionado su democracia: la prolongación del poder político a través de familias y generaciones.

La reciente elección de Juan Garrigó Mejía como secretario general del PRM, posición anteriormente ocupada por su madre, Carolina Mejía, e integrante además de una familia encabezada políticamente por el expresidente Hipólito Mejía, vuelve a colocar este fenómeno sobre la mesa.

Pero no se trata únicamente de los Mejía. Leonel Fernández y Omar Fernández; José Rafael Abinader y Luis Abinader; José Francisco Peña Gómez y Tony Peña Guaba; Salvador Jorge Blanco, Orlando Jorge Mera y Orlando Jorge Villegas; Hatuey de Camps y Luis Miguel de Camps; Tony Raful y Faride Raful; Charlie Mariotti y Charlie Mariotti Jr.; Roberto Salcedo y Roberto Ángel Salcedo; los Castillo y los Wessin son algunos ejemplos de cómo determinados apellidos permanecen generación tras generación en los espacios de influencia política y estatal.

Los cargos públicos no se heredan legalmente, pero el capital político sí puede heredarse. Se transmiten estructuras, relaciones, reconocimiento, acceso a financiamiento, cercanía con dirigentes y una plataforma que cualquier ciudadano común tendría que construir desde cero. Y ahí está el verdadero problema.

Cuando la política se convierte en un círculo cerrado de familias, grupos y élites, se reducen las oportunidades para nuevos liderazgos y se debilita la movilidad democrática. El Estado corre el peligro de parecer patrimonio de unos pocos y no instrumento de todos los dominicanos.

Durante demasiado tiempo el pueblo ha pagado las consecuencias de un sistema político atrapado entre los mismos actores, intereses y estructuras, mientras persisten males históricos como la corrupción, el clientelismo, el despilfarro y el saqueo de los recursos públicos.

Esto no significa que un hijo de político carezca de capacidad, preparación o derecho constitucional a participar. Los hijos no deben cargar automáticamente con los errores de sus padres, pero tampoco puede ignorarse la enorme ventaja que representa nacer dentro de una estructura de poder.

La democracia dominicana necesita competencia verdadera, renovación y oportunidades para el joven de barrio, el campesino, el profesional, el dirigente comunitario y cualquier ciudadano talentoso que no posea apellido político ni padrino. ¡La República Dominicana no puede convertirse en una monarquía política disfrazada de democracia!

El poder público no es una herencia familiar. El Estado dominicano no tiene apellido. Tiene dueño: el pueblo.