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Santo Domingo.- El funcionario de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo (MGSD), Waldys Taveras dijo que durante el actual período del gobierno 2020-2024 del presidente Luis Abinader, la municipalidad logrará hechos tangibles y de positividad.

El empresario apreció la elección de Kelvin Cruz como director de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y de Ramón Santos como cabeza de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), sumado a la selección y toma de posesión de Víctor de Aza como secretario general de la Liga Municipal Dominicana, reúne a municipalistas comprometidos con el fortalecimiento de los gobiernos locales.

“Y sumado esto al gran compromiso asumido por el presidente Luis Abinader con la municipalidad, no cabe dudas de que ha llegado el momento del desarrollo y el bienestar de los municipios de la República Dominicana”, expresó Taveras al conversar con Mario Lara y Vianelo Perdomo, conductores del programa Contraparte, en los canales de Hilando Fino TV.

Taveras insistió en advertir que el Ministerio de Obras Públicas y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), están en la obligación de buscar fórmulas para hacer posible los vehículos de pesados sean sacados del Distrito Nacional y municipios de la provincia Santo Domingo, además de regular el transporte de pasajeros de forma definitiuva y radical.

A juicio del experto en temas municipales, la avenida Circunvalación de Santo Domingo, construida a los fines de sacar el transporte de carga de las calles de la Capital y ciudades de la provincia Santo Domingo, pero a estas alturas la situación de caos y desorden permanece igual.

“Es hora de que los técnicos del Intrant junto con los de los cabildos del Gran Santo Domingo, coordinen, realicen y presenten los estudios técnicos para la reglamentación del tránsito y transporte en esta gran metrópoli”, expuso.

En el caso del transporte público de pasajeros, el licenciado sugirió que el Intrant, en cumplimiento de la ley 63-17, asuma la gestión de las rutas, sin que se afecten los derechos económicos de los sindicatos o empresas que operan las mismas.

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